El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) reactivó la semana pasada una antigua política que impone requisitos más exigentes para los solicitantes de la residencia permanente, o green card. La nueva regla que aplicará, relativa a la “carga pública”, permitirá a los funcionarios considerar la participación en servicios de asistencia como Medicaid y cupones de alimentos como motivo para denegar el trámite.

El Uscis podrá denegar solicitudes de residencia de beneficiarios de asistencia pública

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó este lunes 20 de julio la regla final sobre la consideración de la carga pública para la solicitud de la green card. Esta norma permite a las autoridades de inmigración negar el documento a solicitantes que se considere que probablemente se vuelvan dependientes de la asistencia gubernamental.

Según el Uscis, el objetivo es garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes y no representen una carga económica para los contribuyentes estadounidenses. La norma había sido introducida por primera vez en 2019, pero fue suspendida a causa de litigios judiciales pendientes, y luego rescindida por el gobierno de Joe Biden.

Al conocer la entrada en vigor de la regla, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y legisladores demócratas condenaron su aplicación. Citada por CNN, la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington, la calificó como “cruel e innecesaria”.

“Castiga a las personas por necesitar ayuda y socava nuestros valores como nación de inmigrantes”, sostuvo.

Cómo impacta la nueva regla de “carga pública” en los solicitantes de green card

En un comunicado oficial, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios sostuvo que la regulación anterior restringía los beneficios públicos que el DHS podía considerar y limitaba la capacidad de los funcionarios para revisar todos los factores relevantes.

Las autoridades remarcaron que la modificación habilita a los funcionarios del Uscis para evaluar todos los hechos caso por caso para cada solicitante. A partir de septiembre, los oficiales deberán considerar, como mínimo, los cinco factores establecidos por el estatuto:

• Edad
• Salud
• Estado familiar
• Activos, recursos y estatus financiero
• Educación y habilidades

En el comunicado, el DHS informó que también podrá tener en cuenta cualquier Declaración de Apoyo (Formulario I-864) presentada en nombre del solicitante. A diferencia de la directriz de 2022, que limitaba la consideración a la asistencia en efectivo y la institucionalización a largo plazo, la nueva norma autoriza a los oficiales a considerar la recepción de cualquier beneficio público basado en la evaluación de recursos.

Esto incluye iniciativas no monetarias como el Programa de Asistencia Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y la mayoría de las formas de Medicaid si se reciben después de la fecha de vigencia.

Exenciones y entrada en vigor de la regla de carga pública del Uscis

Las autoridades señalaron que las categorías de no ciudadanos exentas por ley de la causal de inadmisibilidad por carga pública, como refugiados, asilados, autopeticionarios de VAWA y ciertos no inmigrantes T y U, no se verán afectadas por este cambio.

Tras su publicación oficial en el Registro Federal, la normativa entrará en vigor el 18 de septiembre. Luego, se aplicará a las solicitudes de admisión realizadas en esa fecha o después, y a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas electrónicamente o con matasellos a partir de ese día.