El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambiará una regla de la política migratoria para que los funcionarios evalúen si los aspirantes a la residencia permanente (green card) o ajuste de estatus han utilizado beneficios financiados por los contribuyentes, como Medicaid, SNAP o asistencia para la vivienda.

Nueva regla de carga pública del Uscis: qué criterios se evaluarán desde septiembre

La regulación de 2022 de Biden establecía que, para determinar una posible carga pública, solo podían considerarse la asistencia económica en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno.

Con la nueva normativa, los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) podrán tomar en cuenta la solicitud, aprobación o recepción de cualquier beneficio público sujeto a verificación de ingresos o recursos, siempre que haya sido recibido a partir del 18 de septiembre.

El DHS aclaró que las decisiones continuarán basándose en una evaluación integral del expediente. Entre los factores que podrán analizarse figuran:

• La edad del solicitante
• Su estado de salud
• La composición del grupo familiar
• La situación económica
• La capacidad para mantenerse por sus propios medios

Con esta decisión, los funcionarios migratorios volverán a contar con un margen más amplio para evaluar si un solicitante puede sostenerse económicamente sin depender de programas financiados con fondos públicos. Además, el Uscis publicará una versión actualizada del formulario I-485, utilizado para solicitar el ajuste de estatus o la residencia permanente. Cuando la nueva norma entre en vigor, únicamente será aceptada esa edición para los trámites correspondientes.

“La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos”, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado. “La agencia está comprometida con salvaguardar la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses”, señaló.

Medicaid, SNAP y otras ayudas que el Uscis podrá considerar

La actualización amplía el listado de programas que podrán ser considerados durante el análisis migratorio cuando estén sujetos a requisitos económicos. Entre ellos aparecen:

• Programas de salud como Medicaid, Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) y determinadas coberturas prenatales
• Ayudas alimentarias como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) y almuerzos escolares condicionados al nivel de ingresos
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
• Subsidios federales de vivienda, vales de alquiler, programas de ingreso básico garantizado y el crédito por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) y el Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés).

También podrán revisarse beneficios estatales, locales, territoriales o tribales otorgados bajo criterios de necesidad económica. En cambio, estarán exentos de esta normativa los programas como:

• El Seguro Social por aportes
• Las pensiones gubernamentales
• El seguro por desempleo
• Los beneficios para veteranos
• Los servicios públicos disponibles para toda la población sin evaluación de ingresos

Nuevo formulario I-485: desde cuándo será obligatorio para el ajuste de estatus

El nuevo I-485 solicitará información relacionada con la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos. Uscis indicó que las versiones anteriores dejarán de ser válidas cuando la regulación comience a regir.

La norma también modifica el tratamiento de las llamadas fianzas de carga pública. Si una persona cubierta por una de estas garantías recibe un beneficio sujeto a evaluación económica después de la entrada en vigor de la regla, esa situación podrá constituir un incumplimiento de la fianza.

Regla de carga pública: qué pasa con las ayudas recibidas antes del 18 de septiembre

El DHS estableció un criterio de transición para los casos anteriores a la fecha de vigencia de la nueva regulación. Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre serán analizados conforme a la regla de 2022. En esos expedientes únicamente podrán valorarse la asistencia económica en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización prolongada financiada por el gobierno.

En consecuencia, los beneficios obtenidos exclusivamente antes de esa fecha no deberán ser considerados bajo los nuevos criterios. Sin embargo, si la recepción de esos beneficios continúa después del 18 de septiembre, esa utilización posterior sí podrá incorporarse al análisis migratorio.