El panorama del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) está marcado por resoluciones judiciales contradictorias. Si bien se suspendió de forma provisoria la eliminación de permisos de trabajo para algunos grupos, un fallo de la Corte Suprema permitió finalización del programa para determinadas nacionalidades.

¿Hasta cuándo siguen vigentes los permisos de trabajo del TPS?

La resolución más reciente fue emitida el 21 de julio por el juez federal Nathaniel Gorton, en Boston. La orden impide que entren en vigor, por el momento, medidas que reducían la duración de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para personas amparadas por el TPS y para solicitantes de asilo.

La suspensión tendrá vigencia hasta que el magistrado determine, como fecha límite el 5 de agosto, si corresponde mantener esa protección durante el desarrollo del proceso judicial o si las políticas cuestionadas podrán aplicarse.

Esta decisión del juez mantiene sin efecto las restricciones que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) iba a implementar desde el 22 de julio que buscaba recortar la duración a beneficiarios del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania.

De esta manera, las autorizaciones laborales de miles de migrantes continúan vigentes mientras el tribunal analiza la legalidad de las nuevas normas. No obstante, la continuidad del TPS depende también del país de origen.

Para los ciudadanos de El Salvador, la protección permanece hasta el 9 de septiembre. En el caso de Sudán y Ucrania, el beneficio se mantiene hasta el 19 de octubre. En cambio, la situación es diferente para los nacionales de Haití, cuya duración del EAD finalizará el 24 de julio, y Siria, cuyo permiso finalizó el 17 de julio.

Una decisión previa de la Corte Suprema autorizó al gobierno federal a continuar con la cancelación del TPS para ambos países. Esto dejó a aproximadamente 350 mil haitianos y 6000 sirios expuestos a perder tanto su autorización para trabajar como su permanencia legal, salvo que cuenten con otra vía migratoria.

Qué establece el fallo del juez de Boston

La orden judicial también alcanzó a los solicitantes de asilo afectados por cambios introducidos mediante una ley de impuestos y gastos aprobada por el Congreso en 2025. Esa legislación incorporó nuevas tarifas para tramitar solicitudes y modificó las reglas relacionadas con el EAD.

Aunque el juez no suspendió el cobro de esas tasas, dispuso que el Uscis no podrá retirar permisos laborales ni aplicar sanciones a quienes no puedan abonarlas. Esto se mantendrá mientras continúe vigente la medida cautelar.

La demanda fue presentada por una coalición integrada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y sindicatos. Los demandantes sostuvieron que las modificaciones fueron implementadas sin cumplir el procedimiento administrativo que exige abrir un período de comentarios públicos antes de adoptar este tipo de regulaciones.

El escenario legal del TPS sigue abierto

El conflicto judicial refleja dos decisiones que producen efectos distintos sobre los beneficiarios del TPS. Por un lado, el fallo del tribunal de Boston mantiene protegidos de forma temporal a quienes provienen de El Salvador, Sudán y Ucrania, además de impedir la revocación inmediata de permisos laborales para determinados solicitantes de asilo.

Por otro lado, la resolución de la Corte Suprema estableció que la legislación vigente impide que los tribunales revisen las decisiones del Poder Ejecutivo sobre la finalización de las designaciones del TPS por país. Ese criterio permitió que la administración federal avanzara con la cancelación del programa para Haití y Siria.

Hasta que exista una nueva resolución judicial, la fecha del 5 de agosto será determinante para conocer si continúa la suspensión de las restricciones sobre los beneficios. Mientras tanto, quienes estén bajo el TPS mantienen condiciones diferentes según su nacionalidad y el estado de los procesos judiciales que afectan a cada grupo.