MENDOZA.- La tierra del sol y del buen vino comenzó a levantar la guardia. Es que la industria vitivinícola se siente amenazada por los intentos del gobierno nacional para cambiar la Ley General de Vinos. Por eso, los principales actores del sector, entre los que aparece con fuerza el gobierno provincial, plantan bandera y darán pelea para que el Congreso no avance con las modificaciones, las cuales se centran en el fin del fraccionamiento en origen y la pérdida de trazabilidad geográfica, entre otros puntos, como la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que sí divide aguas hacia dentro del sector y que está en manos de la Justicia. El punto que puso en alerta a todo el sector para dar batalla, lo dejó en claro el ministro de la Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, al advertir que se está poniendo en riesgo la identidad vitivinícola de la provincia. El funcionario defendió las indicaciones geográficas, el envasado en la provincia y el sistema de seguimiento, ya que entiende que son pilares del modelo productivo y turístico de la tierra cuyana. “Esto trae muchas consecuencias: se habla de importación de vino cuando no hay leyes de corte, se desestiman las regiones, que son de vital importancia para la industria”, señaló Vargas Arizu.

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“La vitivinicultura no es un negocio más, es una forma de vida. Hay 16 provincias que tienen esta actividad, que hace a la especialización, al lugar, a las zonas, al grado alcohólico, a muchas circunstancias que no se pueden desconocer para hacerlo general. Hay muchas objeciones y lo vamos a ir a pelear, para dar nuestro punto de vista, con nuestros legisladores”, agregó.

Plan

De acuerdo con el plan oficial, en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca sortear el Congreso, los principales cambios en la Ley General de Vinos N° 14.878 y la Ley Nacional de Alcoholes N° 24.566, hacen referencia a permitir una elaboración “deslocalizada”, fuera de la misma zona de producción, o a la ausencia o falta de controles, certificaciones y fraccionamiento de origen, por lo que este último se trasladaría a grandes centros de consumo, lo que atenta contra las pymes locales, dijeron.

También se focaliza en la reducción de fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que limitaría sus muestras al producto final embotellado, lo que según los productores eleva el riesgo de adulteraciones. Asimismo, se permitirían las mezclas, eliminando la prohibición de combinar vinos importados entre sí o con productos nacionales.

Por eso, Vargas Arizu señaló: “No es lo mismo un Cabernet de Cafayate que un Cabernet de Luján de Cuyo. Tampoco uno producido en Los Chacayes, Lavalle o Santa Rosa. Cada vino tiene características, aromas y sabores distintos”.

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En cuanto al desfinanciamiento institucional, el proyecto de desregulación contempla la eliminación de la Coviar. El proyecto avanza en la quita de los aportes obligatorios a la entidad encargada de la promoción estratégica del sector, a través del Plan Estratégico Vitivinícola, aunque genera posturas encontradas entre los bodegueros. De hecho, esta propuesta oficial, tras la presentación de un amparo de Coviar, recibió un revés judicial que consideró que un decreto no puede modificar una ley. Por tal motivo, ahora se pretende incorporar en los cambios a la Ley General de Vinos.

Así, las principales cámaras del sector, que incluso mantienen diferencias desde hace años, como Coviar y Bodegas de Argentina (BA), ven con preocupación los planteos del Ejecutivo nacional sobre las modificaciones de fondo en la industria madre de Mendoza. Lo mismo pasa con los enólogos más prestigiosos del país o con los funcionarios provinciales, que pretenden poner en valor el proceso y el desarrollo histórico de la industria madre mendocina y las diferencias que tiene con otras economías del país. De hecho, dejan en claro un mensaje: “El vino es tradición y no un commodity”.

Desde Coviar, su presidente, Fabián Ruggeri, mostró su rechazo a los cambios. “Es una ley nociva. Van a mezclar vino importado con el nuestro. Los sobrestocks que haya en el mundo van a venir a parar acá. Y la trazabilidad también es fundamental. El vino es identidad, cultura, personalidad y familias detrás”.

La vitivinicultura tiene un peso determinante en la economía mendocina, ya que el complejo representa alrededor del 15% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia, nuclea a más de 800 bodegas y cuenta con unos 20.000 productores. De hecho, Mendoza produce más del 70% del vino de la Argentina. Por su parte, todos los actores del sistema defienden otro capital estratégico e identitario del vino, que creció en la última década: el enoturismo. De hecho, cada año más de 2 millones de personas visitan las bodegas de la provincia del oeste argentino para vivir experiencias y descubrir lo que hay detrás de cada etiqueta.