La resaca por la histórica victoria de la Argentina ante Inglaterra en el Mundial de fútbol 2026 no afectó los planes del Gobierno, ya que el oficialismo logró, con el apoyo de los bloques de la oposición dialoguista, abrir el recinto del Senado para tratar de aprobar y girar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y su polémico capítulo que habilita la venta de tierras a extranjeros.
La sesión comenzó poco después de las 12.25, con el quórum justo de 3 senadores presentes, aportados por el oficialismo libertario, que tuvo asistencia perfecta; la UCR, Pro y una miríada de fuerzas provinciales (Neuquén, Salta, Misiones) y bloques menores, como los peronistas disidentes de Convicción Federal.
De todos modos y a pesar de la confianza de la jefa de la bancada oficialistas, los números con los que contará el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras son muy ajustados, por lo que exigirá la máxima concentración de Bullrich para que la sesión termine con resultado positivo para la Casa Rosada.
El temario de la sesión de hoy incluye, además de la habilitación de venta de tierras a extranjeros, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Uno de los candidatos es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien está propuesto para el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
También se encuentra en la listaVíctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno, que está a punto de cumplir la edad jubilatoria de 75 años y por quien Javier Milei le pide al Senado que le extienda la magistratura por cinco años.
Con la apertura del debate, el oficialismo también logrará que tomen estado parlamentarios los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo que nominan a Pablo Yadarola y a Pablo Bertuzzi como vocales de la Cámara Federal porteña, con sede en Comodoro Py.
Lo que genera más incertidumbre son los cambios que se le aplicarán al proyecto de propiedad privada, del que ya se han redactado 16 versiones con cambio al dictamen. Las modificaciones deberán practicarse en el recinto, en el debate en particular, una desprolijidad que podría complicar la sesión.
Por lo pronto, el oficialismo cuenta por estas horas con que alguno de los peronistas disidentes de Convicción Federal, tres senadores que responden a los gobernadores peronistas dialoguistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), estarían para el quórum.
Además, con el voto a favor del proyecto de Julieta Corroza (Neuquén), que responde al gobernador Rolando Figueroa.
Sin embargo, en las últimas horas una luz de alarma se encendió en el tablero oficialista por la fuerte presión sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para que voten en contra de habilitar la venta de tierras a extranjeros.
El proyecto
La iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.
Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.
El oficialismo defiende el proyecto y destaca que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. “Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio”, sostienen.
También destacan el “doble control”, nacional y provincial, para la compra de tierras por empresas con participación de otros Estados en su capital. “No alcanza la opinión de un funcionario sentado en un escritorio en Buenos Aires, sino que interesa la opinión de quienes conocen el territorio”, sostiene el instructivo oficialista.
En el caso de los desalojos, la última versión dista mucho de la original. Por lo pronto, el Gobierno debió resignar su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres. El texto que llegará al recinto establece un plazo de 10 días hábiles de notificación, el original establecía sólo 3, para la devolución del bien y se suman protecciones a menores, personas con discapacidad y mayores de edad antes de dar curso a la ejecución del desalojo.
