Una jueza federal emitió una declaración reciente en la que exige pruebas oficiales que confirmen el cierre definitivo de Alligator Alcatraz, el controvertido centro de detención del ICE ubicado en los Everglades de Florida. Aunque el gobernador Ron DeSantis anunció el mes pasado que cesarían las operaciones, el tribunal sostiene que no hay evidencia suficiente de eso.
Grupos defensores de migrantes temen que Alligator Alcatraz sea reconstruido
En una orden emitida esta semana, la jueza de distrito estadounidense Sheri Polster Chappell rechazó la sugerencia del estado de que un caso que involucra al centro quedó resuelto tras el anuncio público de DeSantis. En su lugar, pidió pruebas oficiales que demuestren que el cierre se hizo efectivo.
La medida se dictó en el marco de una demanda presentada por detenidos y organizaciones de migrantes. Esta orden indica que un funcionario federal o de Florida debe comparecer ante la jueza para presentar pruebas oficiales, informó el Palm Beach Post.
La decisión nace de la afirmación de los abogados de los demandantes, quienes sostienen que no hay evidencia oficial que demuestre que este cierre es permanente. El argumento es que las declaraciones de DeSantis son ambiguas, luego de que apuntara en una conferencia de prensa a fines de junio que las posibilidades de reapertura eran “insignificantes”.
La principal inquietud es que, dado que la instalación fue erigida en poco más de una semana, puede ser reconstruida con la misma rapidez si no hay una garantía legal de su desaparición definitiva.
El cierre de Alligator Alcatraz anunciado por DeSantis en Florida
El jueves 25 de junio, DeSantis comunicó que el controvertido centro de detención iba a cerrar sus puertas, luego de meses de litigios judiciales y preocupaciones de legisladores y defensores de los inmigrantes sobre las condiciones de vida de los detenidos.
Entre los principales reclamos figuraban la falta de acceso a atención médica y las tiendas de campaña abarrotadas con presencia de mosquitos y otros insectos, según consignó ABC News. Al anunciar la finalización de las operaciones, el gobernador republicano remarcó el carácter “temporal” de las instalaciones.
Durante el año que el recinto estuvo operativo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) procesó allí a más de 22.000 personas para su deportación, y su funcionamiento tuvo un costo estimado de 450 millones de dólares.
Florida debe responder al pedido sobre Alligator Alcatraz en medio de presiones
Al conocer la noticia del desmantelamiento en junio, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) celebró la decisión judicial, pero instó a la “cautela”, debido a que los detenidos podrían ser trasladados a otros lugares “con condiciones sórdidas y peligrosas”.
Ante la resolución de la demanda, Carmen Iguina González, abogada y directora adjunta de la detención de inmigrantes del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU, remarcó que la agrupación seguirá de cerca el proceso.
“Solicitamos una acción judicial porque las vagas garantías de ‘solo confía en nosotros’ de los funcionarios de Florida y el ICE simplemente no funcionan. Seguiremos vigilantes hasta que estemos seguros de que esta horrible instalación ha desaparecido, de una vez y para siempre”, indicó.
Con esta disposición, el estado tiene cuatro días para presentar evidencia documental, dar al tribunal un plazo para la presentación de las pruebas o volver a exponer por qué se debe desestimar el caso.
