La Justicia de Estados Unidos confirmó la vigencia de una de las principales leyes de control de armas en Illinois. La resolución, que respalda la posición del gobernador J.B. Pritzker, mantiene en vigor las restricciones sobre determinados rifles semiautomáticos y cargadores de gran capacidad y despeja, por ahora, una de las disputas judiciales más relevantes sobre la Segunda Enmienda. La decisión fue adoptada el 9 de julio por una mayoría de dos votos contra uno y ratifica una normativa aprobada en 2023 tras un tiroteo que conmocionó al estado.
El Séptimo Circuito confirma la prohibición de rifles AR-15 en Illinois
De acuerdo con Local 10, el pronunciamiento fue emitido por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, una corte federal con jurisdicción sobre Illinois, Indiana y Wisconsin. Los magistrados concluyeron que las restricciones impuestas por el estado son compatibles con la tradición histórica de regulación de armas de fuego en Estados Unidos y, por lo tanto, pueden seguir aplicándose.
De esta manera, quedó anulada una sentencia dictada en 2024 por un juez federal que había considerado que la normativa vulneraba el derecho constitucional a portar armas. Aquella resolución nunca entró en vigor porque las autoridades estatales apelaron de inmediato y lograron suspender sus efectos mientras avanzaba la revisión judicial.
La votación terminó 2 a 1. La mayoría coincidió en que Illinois tiene facultades para limitar el acceso a cierto tipo de armamento por razones de seguridad pública. En disidencia, el juez Michael Brennan sostuvo que los rifles AR-15 son armas de uso común y, por ese motivo, deberían recibir protección constitucional.
La decisión representa uno de los pronunciamientos más importantes sobre regulación de armas en Estados Unidos desde los recientes fallos de la Corte Suprema que redefinieron los criterios para evaluar este tipo de restricciones. Por ello, especialistas consideran que podría influir en litigios similares en otros estados.
Qué prohíbe la Protect Illinois Communities Act firmada por J.B. Pritzker
La norma Protect Illinois Communities Act, promulgada en enero de 2023, prohíbe la venta de rifles tipo AR-15, otras armas semiautomáticas incluidas en la normativa, cargadores de gran capacidad y determinados accesorios.
La medida fue aprobada pocos meses después del ataque ocurrido durante el desfile del Día de la Independencia de 2022 en Highland Park, un suburbio ubicado al norte de Chicago. En ese episodio murieron siete personas y decenas resultaron heridas, lo que reactivó el debate sobre nuevas restricciones al acceso a este tipo de armamento.
Además de limitar nuevas ventas, la legislación exige requisitos específicos para determinados propietarios y forma parte de una estrategia estatal orientada a reducir el riesgo asociado con armas semiautomáticas y cargadores que admiten una cantidad elevada de municiones.
Pritzker celebra el fallo y la industria de armas prepara una apelación
Tras conocerse el fallo, Pritzker celebró la decisión mediante un mensaje en redes sociales. “Una victoria en la lucha para acabar con la violencia armada que ayuda a mantener seguras nuestras comunidades”.
También se pronunció el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, quien afirmó que las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad “no tienen cabida en nuestras comunidades” y sostuvo que la resolución fortalece la protección de los residentes.
Sin embargo, la batalla judicial todavía no terminó. La National Shooting Sports Foundation, entidad que representa a la industria armamentística, anunció que solicitará la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos. De acuerdo con especialistas de Local 10, el caso adquiere relevancia nacional porque otros estados también aprobaron restricciones similares durante los últimos años.
De hecho, el máximo tribunal ya aceptó revisar prohibiciones similares de Cook County, en Illinois, y de Connecticut, aunque no esta ley estatal en particular, por lo que el debate sobre los límites de la Segunda Enmienda continuará en los próximos meses. Mientras tanto, la decisión judicial permite que la prohibición siga vigente.
