El documento autoriza a recabar información sobre quienes puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas oficiales, así fueran periodistas, integrantes de la oposición o adversarios políticos. Para eso, el organismo recibió una partida extra de 25 mil millones de pesos, de los cuales un tercio se destina a “gastos reservados”. Leer más
