Una iniciativa para aumentar los montos de las indemnizaciones laborales en la provincia de Buenos Aires avanza, en medio de polémicas y obstáculos. El proyecto modifica la forma de calcular los montos a pagar en caso de despido y ya logró media sanción de la Cámara de Diputados y dictamen favorable en una comisión del Senado bonaerense. Propone la modificación de la Ley 11.653 y lo impulsan dos diputadas de La Cámpora (Maite Alvado y Soledad Alonso), pero la reformulación de la normativa choca con un rechazo opositor que promete bloquearla en la Cámara de Senadores y también con cierta distancia con la que se maneja el gobierno de Axel Kicillof en el tema.
El primer avance fuerte que obtuvo el proyecto fue en la Cámara de Diputados provincial, el 15 de mayo, cuando obtuvo media sanción. Con los votos de los bloques de Unión por la Patria, los libertarios díscolos de Unión, Renovación y Fe, y los dos diputados del Frente de Izquierda, la iniciativa fue aprobada. Propone modificar el artículo 48 de la Ley 11.653, para que establezca que “el monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentado por el Banco Central de la República Argentina más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago”.
La norma actual señala que “al monto total por el que se condene a la demandada se deberá adicionar los intereses devengados desde la fecha de su exigibilidad y hasta el efectivo pago, según el cálculo de intereses ‘al promedio de la Tasa Activa’ que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento”.
Según argumentan sus autoras, para que haya alguna relación entre el valor que tenía originalmente el monto y el valor que tiene al momento de poder hacerse efectiva, hay que modificar el artículo Nº 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y determinar que los créditos laborales que se fijan tras un despido tengan una actualización mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia, más un 6% anual. Así lo indicó en su cuenta de la red social X la diputada Alonso. La legisladora niega que se quieran “aumentar las indemnizaciones” y afirma que el proyecto se aplica cuando “el empleador no paga las indemnizaciones adecuadas según la ley y se acude a una instancia judicial·.
Además, ¿sabías que en CABA esto ya es una realidad hace 20 años? 👇 pic.twitter.com/wmMmgYGym2
— Soledad Alonso (@soleaalonso) July 12, 2024
Tras la media sanción, el segundo paso de la iniciativa se concretó hace dos semanas en el Senado provincial, cuando obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Legislación Social. En esa Cámara, la oposición asegura tener 25 votos para hacer naufragar la iniciativa. Desde la UCR y Pro, argumentan que los montos de las indemnizaciones se multiplicarían por siete y producirían quebranto en el sector pyme. A la iniciativa le resta pasar por dos comisiones (Legislación General, y Asuntos Constitucionales y Acuerdos) para llegar al recinto. Las especulaciones en el oficialismo indican que podría debatirse dentro de dos sesiones (durante septiembre).
En paralelo, en el gobierno de Kicillof toman distancia del proyecto de autoría camporista, sector con el que el gobernador está en permanente tensión dentro del peronismo. “No es un proyecto del [Poder] Ejecutivo”, afirmó a LA NACION una fuente cercana a Kicillof. “Está un poco trabado. Hay voluntad, por un lado, y desinterés, por el otro”, graficó la situación del proyecto dentro del oficialismo un legislador peronista que cree que no se tratará en la próxima sesión (probablemente, el miércoles 28 de agosto), sino en la siguiente.
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“La veo para [tratar] el mes que viene”, planteó un legislador provincial opositor. “Tenemos 25 votos para rechazarla. El oficialismo va a ir sacando despachos de comisiones, pero no tiene los votos para el recinto. Creo que tiene que ver con la interna de La Cámpora con Axel: lo están llevando a extremar la posición de estatismo a full”, consideró la misma fuente.
El Senado bonaerense tiene 46 bancas. Los 25 senadores que se opondrían integran los bloques de Pro (nueve integrantes); UCR-Cambio Federal (ocho miembros); La Libertad Avanza 1 (tres senadores); La Libertad Avanza (otros tres senadores); Pro-Libertad (uno) y Buenos Aires Libre (uno).
Representantes de sectores pyme se reunieron el 6 de agosto con los legisladores opositores en el Senado y se llevaron el compromiso de los 25 que votarían en contra. “Hemos escuchado a los representantes de más de 50 mil pymes de la provincia de Buenos Aires. No vamos a ser cómplices de la asfixia al sector productivo que pretende el gobernador Kicillof. Todos los bloques opositores ya le dejamos claro al oficialismo que no lo vamos a acompañar”, indicaron en un comunicado los senadores de Pro y la UCR. “El kirchnerismo busca modificar el artículo 48 de la Ley 11.653, multiplicando el monto de las indemnizaciones en más de siete veces, poniendo en riesgo la continuidad de las pymes e impactando negativamente en la generación de empleo nuevo”, remarcaron.
También se realizaron reuniones impulsadas por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), como la que se desarrolló el miércoles pasado con el senador Sergio Vargas (jefe del bloque La Libertad Avanza), que “reiteró la posición del bloque de no acompañar el proyecto”, según se informó en un comunicado.
