El proceso de privatización quedó habilitado tras la aprobación de la Ley Bases, sancionada en junio de 2024, que autorizó la venta del 100% de las acciones de la compañía. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno impulsó el fin del monopolio de Intercargo en los servicios de rampa y habilitó a otras empresas a prestar el mismo servicio.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo hoy que todo su patrimonio lo construyó antes de llegar al Estado y eludió dar precisiones sobre compras posteriores y sobre el viaje a Punta del Este que él dice haber pagado de su bolsillo, pero que fue facturado a otras personas. Alegó que no podría dar detalles porque existía una causa penal en trámite, aunque no explicó por qué aportar claridad sobre sus operaciones podría complicar la investigación de la Justicia. “Vos no sos juez. No tengo por qué darte explicaciones” y “yo hago lo que quiero con mi dinero ganado legítimamente”, fueron algunas de sus respuestas durante la conferencia de prensa que brindó este miércoles en la Casa Rosada.
El gobierno nacional autorizó formalmente a la empresa Latam Airlines a operar la ruta entre San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina, como transporte aéreo de pasajeros y cargas o de forma combinada, por medio de la línea de bandera brasileña TAM. La medida fue oficializada mediante la Disposición 2/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
“Autorizar a la empresa de bandera brasileña, TAM, sucursal argentina, nombre de fantasía Latam Airlines Brasil para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en la ruta San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina y viceversa.
La ruta había sido anunciada por la compañía a principios de año, en medio de un intento de potenciar la conectividad regional. Florencia Scardaccione, gerente comercial de Latam Airlines en la Argentina, expresó: “Estamos entusiasmados de conectar directamente a San Pablo, uno de los mercados emisores de turismo más importantes para la Argentina, con Ushuaia, justo a tiempo para la temporada de nieve, con más de 12.500 asientos disponibles en dos meses. Cada nuevo vuelo genera más oportunidades: más visitantes, más consumo local y más trabajo para los argentinos”.
NUEVA YORK. – La ONUdio un paso de fuerte contenido simbólico y político al declarar formalmente a la trata transatlántica de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”. La resolución, aprobada este miércoles por la Asamblea General, no solo busca consolidar el reconocimiento histórico de esa tragedia, sino también abrir el camino hacia debates más concretos sobre justicia reparadora.
El texto fue adoptado con 123 votos a favor, tres en contra –Argentina, Estados Unidos e Israel– y 52 abstenciones, incluyendo a países de la Unión Europea y Gran Bretaña. Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, sí reflejan el pulso de la comunidad internacional y marcan agenda en temas de derechos humanos.
“Presentó un escrito, pero se negó a declarar”. “Hizo un alegato y rechazó contestar preguntas”. “Optó por no hablar ante el tribunal”. “El funcionario dijo que no va a dar explicaciones sobre su ‘vida privada’”. “El Gobierno no hará comentarios sobre investigaciones en curso”. Son todos títulos de las últimas semanas. Sea en el caso de la AFA, en el juicio de los Cuadernos o en el affaire de $LIBRA, no responder preguntas ha sido la estrategia dominante de actores que, por su propia responsabilidad, estarían moralmente obligados a responder por sus acciones.
Negarse a declarar es, por supuesto, un derecho de quienes están acusados en cualquier proceso penal o enfrentan una sospecha de cualquier índole. Un principio básico del ordenamiento legal establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero más allá de los beneficios procesales y de las garantías jurídicas –siempre sagradas–, acá parece haber una cultura del ocultamiento: no someterse a preguntas que puedan resultar incómodas, ocultar datos, eludir explicaciones, elegir interlocutores amigables y ampararse en tecnicismos o en documentos encriptados para no brindar información… Todo parece formar parte de una metodología muy instalada en la política, pero que ha contagiado también a otros estamentos institucionales.
Durante los dos primeros y sufridos años de su presidencia, Carlos Menem popularizó una frase que diagnosticaba la situación nacional: “Estamos mal, pero vamos bien”. Javier Milei, que suele mirarse en el espejo de Menem, podría describir el trance actual invirtiendo esa fórmula: “Estamos bien, pero vamos mal”. El Presidente disfruta de niveles de aceptación superiores a los de quienes lo precedieron. Se puede ufanar de logros valiosos, como la reducción de la inflación y la mejora en la administración de la política social, que incluye la recuperación del espacio público para los transeúntes, en especial en la ciudad de Buenos Aires. Estamos bien. Sin embargo, las encuestas registran un fenómeno delicado: no solo ha caído la imagen positiva de su administración; también se han deteriorado las expectativas sobre la capacidad del oficialismo para alcanzar algunos objetivos importantes. Vamos mal.
Esta modificación en el clima colectivo está determinada por tres factores que se potencian entre sí. Uno es la parálisis de la actividad económica en sectores que están muy asociados al humor popular. Sobre todo, el consumo. Otro, asociado al anterior, es el cambio en las prioridades de la ciudadanía. Comienzan a prevalecer la preocupación por la conservación del empleo y por el poder adquisitivo del salario. El tercer factor es la aparición de escándalos de corrupción, que se recortan con más nitidez sobre el paisaje del malhumor.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo hoy que todo su patrimonio lo construyó antes de llegar al Estado y eludió dar precisiones sobre compras posteriores y sobre el viaje a Punta del Este que él dice haber pagado de su bolsillo, pero que fue facturado a otras personas. Alegó que no podría dar detalles porque existía una causa penal en trámite, aunque no explicó por qué aportar claridad sobre sus operaciones podría complicar la investigación de la Justicia. “Vos no sos juez. No tengo por qué darte explicaciones” y “yo hago lo que quiero con mi dinero ganado legítimamente”, fueron algunas de sus respuestas durante la conferencia de prensa que brindó hoy en la Casa Rosada.
Mientras aún busca despejar los cuestionamientos y denuncias judiciales por la criptomoneda $LIBRA y las revelaciones en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno apuesta a una tregua en el frente interno y decidió posponer cambios en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
A semanas de que se conociera que la esposa de Manuel Adorni viajó a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial por la Argentina Week, la narrativa libertaria vuelve a enfrentar una contradicción. Es que Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, habría comprado una vivienda en Parque Avellaneda con un crédito del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el mismo organismo que ahora La Libertad Avanza (LLA) busca cerrar como parte de un ajuste que propone en la Ciudad.
La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en la manera en que se seleccionan los candidatos a jueces federales y nacionales para que sea analizada por el Consejo de la Magistratura. La intención es fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección.
El presidente Javier Milei se refirió a la resolución judicial que posterga el regreso de Agostina Páez a la Argentina y apuntó contra la diputada Marcela Pagano y el expresidente Alberto Fernández. El mandatario los calificó como “capaces de cualquier atrocidad por la ventajita política”.
Además, comparó con la situación de la cuarentena de 2020: “Sin ir mucho más lejos, Golperto [una burla a Alberto Fernández por su denuncia por violencia de género], según Guzmán, estiró la cuarentena porque le medía bien en las encuestas. Esa locura nos costó 100 mil vidas adicionales. En un país mediocre hubieran sido 30 mil”.
Horas antes, la senadora Patricia Bullrich había acusado a Fernández y Pagano de entorpecer el caso. “La diputada Pagano y el expresidente Alberto Fernández, que salieron a atribuirse gestiones, habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público. La familia no aceptó“, expresó la exministra después de hablar con la madrastra de Páez.
“No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política. Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno”, remarcó.
