Los resultados de las últimas nueve elecciones provinciales -Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, la ciudad de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Formosa y Corrientes- dejan algunas tendencias y trazan señales hacia adelante. Una de las más visibles es el desempeño modesto de La Libertad Avanza (LLA). Con más presencia que votos, gana despliegue nacional, pero aún encuentra dificultades para consolidarse en el territorio. Donde hay desconexión con lo local, crece; donde persisten estructuras tradicionales, su empuje se atenúa. Priorizar la “pureza” antes que negociar se traduce a priori, en las urnas, en un error de cálculo.
En paralelo, el ausentismo escaló a niveles históricos y confirma una tendencia de fondo: el sistema convoca cada vez menos y, cuando lo hace, opera con otras reglas. El voto castiga las internas, premia la cercanía y responde más a liderazgos que a sellos partidarios. La excepción se dio en provincias con oficialismos con estructuras aceitadas para movilizar votantes como Formosa y Corrientes. En esta última pesó, además, el hecho de que también se eligió gobernador.
En medio de las denuncias del Gobierno por la filtración de audios de Karina Milei, por las que responsabilizó entre otros a Marcela Pagano, la diputada que se fue del bloque de La Libertad Avanza presentó una denuncia por amenazas anónimas y coacción. El escrito fue a sorteo y recayó en el juzgado federal N° 2 de Sebastián Ramos.
En su denuncia, la legisladora planteó que recibió mensajes anónimos en su cuenta de Telegram donde le hacían advertencias y sugerían que era ella quien había filtrado los audios del Gobierno.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este lunes la denuncia presentada por su cartera contra varios periodistas, entre ellos Jorge Rial, con el argumento de que forman parte de una operación de “inteligencia ilegal” contra el Gobierno, por la difusión de audios editados del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en la que el exfuncionario habla de presuntas coimas pedidas por Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Para Bullrich, el tema tomó mayor dimensión cuando los periodistas Mauro Federico y Rial divulgaron un fragmento de una grabación a la hermana del Presidente y anticiparon que había más.
Un juez federal en lo civil y comercial ordenó, a pedido del Poder Ejecutivo, el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”. Fue a través de una presentaciónque lleva la firma de la propia funcionaria. En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto “espionaje ilegal” por estas grabaciones. La avanzada judicial del Gobierno ocurre tras el escándalo político que provocó el caso Spagnuolo, que también se disparó a través de la difusión de audios.
En esa presentación, la cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino -principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios. Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.
Los resultados de las últimas nueve elecciones provinciales -Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, la ciudad de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Formosa y Corrientes- dejan algunas tendencias y trazan señales hacia adelante. Una de las más visibles es el desempeño modesto de La Libertad Avanza (LLA). Con más presencia que votos, gana despliegue nacional, pero aún encuentra dificultades para consolidarse en el territorio. Donde hay desconexión con lo local, crece; donde persisten estructuras tradicionales, su empuje se atenúa. Priorizar la “pureza” antes que negociar se traduce a priori, en las urnas, en un error de cálculo.
En paralelo, el ausentismo escaló a niveles históricos y confirma una tendencia de fondo: el sistema convoca cada vez menos y, cuando lo hace, opera con otras reglas. El voto castiga las internas, premia la cercanía y responde más a liderazgos que a sellos partidarios. La excepción se dio en provincias con oficialismos con estructuras aceitadas para movilizar votantes como Formosa y Corrientes. En esta última pesó, además, el hecho de que también se eligió gobernador.
En medio de las denuncias del Gobierno por la filtración de audios de Karina Milei, por las que responsabilizó entre otros a Marcela Pagano, la diputada que se fue del bloque de La Libertad Avanza presentó una denuncia por amenazas anónimas y coacción. El escrito fue a sorteo y recayó en el juzgado federal N° 2 de Sebastián Ramos.
En su denuncia, la legisladora planteó que recibió mensajes anónimos en su cuenta de Telegram donde le hacían advertencias y sugerían que era ella quien había filtrado los audios del Gobierno.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este lunes la denuncia presentada por su cartera contra varios periodistas, entre ellos Jorge Rial, con el argumento de que forman parte de una operación de “inteligencia ilegal” contra el Gobierno, por la difusión de audios editados del extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en la que el exfuncionario habla de presuntas coimas pedidas por Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Para Bullrich, el tema tomó mayor dimensión cuando los periodistas Mauro Federico y Rial divulgaron un fragmento de una grabación a la hermana del Presidente y anticiparon que había más.
Un juez federal en lo civil y comercial ordenó, a pedido del Poder Ejecutivo, el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”. Fue a través de una presentaciónque lleva la firma de la propia funcionaria. En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto “espionaje ilegal” por estas grabaciones. La avanzada judicial del Gobierno ocurre tras el escándalo político que provocó el caso Spagnuolo, que también se disparó a través de la difusión de audios.
En esa presentación, la cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino -principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios. Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.
